Los recaudadores de impuestos alrededor del mundo están endureciendo sus controles a la banca para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Centroamérica ya está bajo esos reflectores. La Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) obliga a las instituciones financieras, operando en otro país,  a informar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) sobre la actividad de los ciudadanos e instituciones estadounidenses.
¿Y si las entidades no cooperan? El IRS lo resuelve aplicando una retención del 30 % de  los pagos que hacen fuentes estadounidenses hacia la institución en incumplimiento.
Pero el globo terráqueo es mucho más amplio y no solo a Estados Unidos le interesa reforzar sus controles. Así llega el Estándar Común de Reporte, al que están suscritos más  de un centenar de países y que, más temprano que tarde, la región deberá encarar.
Manrique Blen, gerente de Impuestos de Deloitte en Costa Rica, se refiere al CRS como la “segunda ola”, en la cada vez más creciente demanda de los gobiernos sobre el sector financiero para mejorar la transparencia fiscal.
“Ya viene la segunda ola, el Estándar Común de Reporte, un tipo de FACTA global, en el cual las entidades identifican ya no solamente cuáles de sus clientes son contribuyentes estadounidenses, sino de cuál país es residente fiscal”, relata Blen.
El Estándar Común de Reporte, o CRS por sus siglas en inglés, surge como iniciativa de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ya reúne a más de 100 países, entre ellos Panamá y Costa Rica.
“El Salvador, Guatemala y Nicaragua no forman parte, pero la presión internacional que hay para que los países estén alineados con CRS da a entender que en el corto plazo esto va a cambiar”, vaticina Blen.
Costa Rica, Panamá y Belice comenzarán sus primeros intercambios de información en septiembre del próximo año dice Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.
“A los demás países no se les ha pedido en este momento que se comprometan a cumplir con estos plazos, pero se les invita a discutir hojas de ruta personalizadas si están interesados”, sugiere Saint-Amans.
Panamá ingresará al esquema de intercambio automático de información sobre una base bilateral, mientras que Costa Rica lo permitirá multilateralmente.
¿Acarreará sanciones económicas a los países que estén fuera  del acuerdo?
El G-20 lo está tomando como uno de los tres criterios objetivos para clasificar o no a un país en la lista negra de paraísos fiscales.
“Es inevitable que las entidades con operaciones en los países signatarios lo implementen. Y seguramente, como fue la intención, se convertirá en un estándar global”, visualiza por su lado Óscar Jasaui, presidente de la agencia calificadora de riesgo Pacific Credit Rating (PCR).
Bancos, instituciones financieras en general, corredores de bolsa, vehículos de inversión y hasta compañías de seguros deberán cumplir con el acuerdo, agrega el analista.

Los retos de cumplimiento
Creado a partir de solicitudes del Grupo de los 8 y el grupo de los 20, el CRS persigue luchar contra la evasión de impuestos, sobre la base de condiciones equitativas, dice Saint-Amans.
Los intercambios de información en el marco del mismo se efectúan en septiembre de cada año.
“Hasta el momento, 100 jurisdicciones se han comprometido a implementar el intercambio automático de información de CRS entre 2017 y 2018”, relata el francés.
Para facilitar  la adopción de CRS, este se inspira en FATCA, con la diferencia que supone la tarea de involucrar a un amplio y heterogéneo grupo de países.
A pesar de esta relación estrecha, las instituciones financieras en la región deberán cumplir con ambos al mismo tiempo.
Las entidades financieras deben certificar ante el  IRS el cumplimiento de FATCA, en 2018. Mientras se ponen al día con esta labor pueden dar pasos para avanzar en CRS, aconseja Deloitte.
Por ejemplo, en la información que las instituciones financieras captan de sus clientes, desde ya se puede solicitar la residencia fiscal, en lugar de limitarse a cuestionarlo si es o no contribuyente en Estados Unidos.
“Usted podría tener ya documentados a todos los clientes y en el futuro se ahorrará mucho dinero al adoptar CRS porque no tendría que empezar a cambiar todo”, sugiere Blen.

Los retos  de cumplir CRS
• Para aplicar CRS, los países necesitan considerar cinco elementos básicos: el marco legal internacional, la legislación nacional, la confidencialidad y salvaguarda de datos en la administración tributaria, una adecuada infraestructura de tecnologías de información, así como el cumplimiento de las instituciones financieras.
• “Dependiendo del país que la implemente, cualquiera de estos aspectos puede ser un desafío”, plantea Saint-Amans, de la OCDE. Los países que lo requieran recibirán asistencia.
• Una institución financiera que no adopte estas normas, en el futuro  podría sufrir consecuencias en sus operaciones internacionales, dice dice Óscar Jasaui, presidente de Pacific Credit Rating. Desde la perspectiva de las calificadoras de riesgo este será un elemento para ser tomado en cuenta.